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| Imagen en: tamal #823 |
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| Imagen en: Notas Obreras |
Entre las muchas falsedades a las que ha acudido la ministra para defender su articulado de reforma a la Ley 30 destaca aquella en la que afirma que los cambios propuestos por el gobierno no menoscaban la autonomía universitaria. Sostuvo que las alianzas de las instituciones de educación superior públicas con firmas privadas no implican una interferencia de éstas en la institución educativa; pues, según aseveró: el empresario no va a estar en el Consejo Superior, ni a influir en las matrículas, ni en los programas que se ofrecen, eso no lo plantea ni lo permite el proyecto.
Queda claro que los agentes demandantes, es decir, los grandes empresarios y los terratenientes, determinarán, en materia de enseñanza, qué es pertinente y qué no lo es; cuáles son las competencias que deben adquirir los educandos. En ese párrafo, el Gobierno declara sin tapujos que la misión del Ministerio consistirá en presionar a las instituciones de enseñanza, por medio de “los créditos del Icetex”, y, principalmente, mediante “los recursos proporcionados a las universidades públicas e institutos de formación técnica” para que sometan los programas y metodologías a las imposiciones de los magnates. La autonomía universitaria, la libertad de enseñanza y de aprendizaje que se mencionan, con tanta frecuencia y con tan precaria utilidad, en el malhadado proyecto desaparecen, pues sólo Don Dinero decidirá en materia educativa.
El punto es esencial: la autonomía universitaria posibilita que los propósitos del saber y del progreso primen sobre los afanes de lucro y sojuzgación de los monopolios y la venalidad y obsecuencia de los mandatarios y sus ministros.
Designio ingente que sólo se alcanzará si toda la comunidad universitaria se pone en pie, echa abajo el proyecto oficial, levanta con firmeza las banderas de obtener financiación estatal suficiente para la educación pública superior y respeto a la autonomía, ejercida por consejos universitarios con representación mayoritaria y decisoria de estudiantes y profesores.
En este momento crítico se pone a prueba la capacidad y consecuencia de los dirigentes. Quienes se anden con tácticas dilatorias o supediten la batalla por salvar la universidad pública a ambiciones subalternas, políticas o personales, colaboran, de hecho, con el atentado santista.
En tamal 17 de mayo de 2.011